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Cartagena muestra sus protocolos de salvamento marítimo a una veintena de países para que tomen ejemplo

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  • miércoles, 19 de octubre de 2022

Vía La Opinión. Cartagena ha acogido este martes la sesión plenaria del Foro de Guardacostas del Atlántico Norte (Nacgf en sus siglas en inglés), un encuentro en el que 50 delegados de numerosos países han tratado temas comunes relativos a la seguridad marítima. El objetivo de este encuentro, según ha explicado el Jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima, Carlos Posada, quien también ostenta la presidencia española del foro, es el de facilitar e incrementar la cooperación de los países miembros para discutir y avanzar en asuntos que les hayan afectado directamente durante este año. Entre estos se engloban, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, la inmigración ilegal, riesgos de catástrofes que obligan a una protección medioambiental de los mares, protección pesquera o la vigilancia marítima. 

Por ejemplo, los representantes de la seguridad marítima en España han puesto en común su forma de actuar en todas las operaciones relacionadas con el salvamento y rescate marítimo y la inmigración ilegal, un asunto muy presente en el país y, en es específico en la costa de la Región de Murcia y Cartagena, con la finalidad de crear iniciativas para poder trabajar de forma conjunta con otros países. La representación española también ha expuesto sus experiencias relativas al tráfico de drogas y a la protección de la arqueología submarina, puesto que en los fondos marinos de la costa de España  hay una gran presencia de pecios hundidos.

En cuanto a las experiencias expuestas por otros países, uno de los temas más importantes tratados en el foro ha sido el de la protección de infraestructuras críticas, como pueden ser puertos, refinerías, cables submarinos y gasoductos. Y es precisamente respecto a estos últimos que ha surgido la preocupación, a la luz de los que sufrieron un sabotaje en el Mar Báltico. “Los niveles de amenaza en España respecto a estas infraestructuras no ha cambiado, pero ya se ve la necesidad de abordar este tipo de asuntos para enfocarlos de la mejor manera posible y por eso los países que han vivido de primera mano este asunto nos han transmitido sus conocimientos y vivencias”, ha destacado Posada.

Por otro lado, también se ha propuesto articular un grupo de trabajo centrado en la ciberseguridad en el ámbito marítimo, debido a que “los problemas relacionados con este asunto han aumentado desde que se creó el foro en 2007. Además, durante el periodo de reuniones se han llevado a cabo conferencias por parte de empresas tecnológicas españolas que han presentado sus nuevos desarrollos en el ámbito de la vigilancia marítima. Es el caso, por ejemplo, de Telefónica, que ha presentado las posibles aplicaciones del 5G para facilitar las comunicaciones.

Representación de 20 países

En el foro participan 20 países, de los cuales 17 tienen una participación plena (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Letonia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Rusia, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos) y tres como observadores (Letonia, Lituania y Polonia). Rusia, que no ha participado este año, lleva sin hacerlo desde 2014, año en el que invadió Crimea.   

La reunión se celebró en el Antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería, ubicado en el campus del CIM de la UPCT y se escogió a Cartagena como lugar de encuentro por “su histórica relación con el entorno marítimo”, ha subrayado Posada. 

La presidencia del foro la ostenta la Armada española, no obstante, el foro está abierto a la participación de todas las agencias y organismos nacionales con responsabilidad en la Acción del Estado en la mar, como pueden ser la Guardia Civil, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), así como la Secretaría General de Pesca (Segepesca) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se trata de un foro ‘informal’, ya que no hay un tratado que lo recoja, “con lo cual los trabajos e iniciativas que se llevan a cabo no tienen un impacto normativo en los países, son recomendaciones”, según ha explicado Posada.


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